Nos tocan tiempos difíciles. Este año, en la provincia de Buenos Aires se cerró la paritaria docente después de ocho meses de lucha por un salario digno. Cambiemos reprimió la carpa docente que ni el menemismo se animó a reprimir. En las escuelas aplicaron el Operativo aprender, que pretende cuantificar el saber con los parámetros de las potencias mundiales. En estos momentos, el gobierno lleva adelante un regresivo proyecto para reformar el colegio secundario. También denuncian a lxs docentes que hablan de Santiago Maldonado en clase, atentando contra la democracia al intentar despolitizar el espacio del aula y ejercer persecución política a lxs educadorxs. No quedan dudas de que estamos en una etapa política de un fuerte ataque a la educación pública.

En las cárceles, el acceso a la educación pública es mucho más limitado. El problema no es sólo el fomento de valores individualistas o lógicas funcionales a las empresas en la educación en lugar de fomentar un desarrollo colectivo, sino que también se trata de poder acceder a ella. La educación pública en las cárceles alcanza a varones, mujeres y niñxs que viven con ellas, institutos de menores y dispositivos de internación en comunidades terapéuticas y centros socioeducativos; pero la posibilidad de estudiar, ir a la escuela o participar de actividades de formación cada vez se limita más, tratándola como un beneficio que las personas privadas de la libertad tienen que ganarse, en lugar de un derecho que les corresponde. A esto se le suma el mayor avance del Servicio Penitenciario sobre los espacios organizativos en las cárceles, desarticulando pabellones a través de los traslados y poniendo obstáculos constantes en la posibilidad de transitar por los espacios educativos.

La posibilidad de acceder a la educación no es ahistórica, sino que se ganó con mucha lucha en los pabellones.

Al momento de caer preso/a, el 38% de las personas privadas de la libertad tenían terminada la escuela primaria, el 28% la tenía incompleta, apenas un 26% acreditaba el nivel secundario completo o incompleto y sólo había un 2% de universitarios. Dentro de la cárcel, el 41% de las personas privadas de la libertad participan de actividades educativas formales, mientras que sólo un 1% accede a la educación universitaria. El 11% de las personas detenidas participan, a su vez, de actividades de educación no formal, mientras que el 48% no participa de ningún tipo de actividad educativa (1). Esto es más marcado en las cárceles de mujeres, donde la posibilidad de anotarse a cursar, de rendir, de conseguir materiales de estudio y de construir centros de estudiantes es mucho más limitada. A pesar de que sólo el 1% de la población carcelaria bonaerense estudia alguna carrera universitaria, los centros de estudiantes universitarixs muchas veces tienen un papel clave para motorizar cambios en las unidades penales. La posibilidad de acceder a la educación no es ahistórica, sino que se ganó con mucha lucha en los pabellones.

La gran mayoría de las personas que actualmente están presas en las cárceles argentinas tienen menos de 35 años, alcanzaron como nivel máximo de instrucción la escuela primaria, están presxs por robo, no tenían trabajo al momento de ser detenidxs y no tienen condena firme. Nos encontramos con esta realidad al momento de pisar las cárceles, por eso entendemos que la educación en contexto de encierro es clave para ampliar el alcance de la educación pública, ya que está enfocada en los sectores populares que no accedieron a ella. Los espacios educativos en las cárceles funcionan como espacios de recreación, de encuentro, de interacción entre personas que habitan la cárcel pero que, al estar alojadxs en módulos o pabellones distintos, no se encuentran en el cotidiano. Estos espacios permiten romper con la organización de la población carcelaria que impone el Servicio Penitenciario: el agrupamiento de sectores según diversas características en una lógica de premios y castigos que individualiza y divide a la población entre sí. Son espacios donde lxs pibxs se organizan, donde se vehiculizan reclamos, donde se arman escritos, y es por ese motivo también son espacios que están constantemente en riesgo.

Hay personas que se encuentran por primera vez con una escuela dentro de la cárcel, y otras que aprenden a leer y escribir dentro de ella.

Con las condiciones de vida que existen actualmente en las cárceles y la falta de acceso a las necesidades básicas, el acceso a la educación marca una gran diferencia en la trayectoria de las personas privadas de la libertad: nos brinda un lugar de pertenencia, una percepción de nosotrxs y nuestras potencialidades; y la expectativa de una realidad diferente. La educación nos da las herramientas para plantarnos de otra manera. La educación pública nos permite retomar las voces que nadie toma en cuenta para hablar de la realidad de las cárceles, la de las personas que la viven en carne propia. Además, quienes acceden a la educación en las cárceles disminuyen considerablemente las posibilidades de reincidencia, así como disminuye la violencia en los espacios compartidos. La educación en contextos de encierro es fundamental para el momento de salir en libertad y también para el transcurso de la condena.

Impulsamos la semana del estudiante privadx de la libertad porque queremos poner esta realidad en discusión: es necesario defender la educación en cárceles, porque estudiar le cambia la vida a los pibes y las pibas privadas de la libertad. Hay personas que se encuentran por primera vez con una escuela dentro de la cárcel, y otras que aprenden a leer y escribir dentro de ella. Nos llena de orgullo cada materia aprobada, cada final rendido, cada salida transitoria a cursar, cada vez que un compañero o una compañera termina la escuela o una carrera dentro de la cárcel. Como educadorxs tenemos la responsabilidad de crear, estimular y defender nuestros espacios de aprendizaje dentro de las cárceles, porque aún en lugares hostiles, estamos convencidxs de que es posible armarnos de herramientas para comprender nuestro mundo, construir autonomía y proyectar nuestras vidas.

(1) Datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP). Informe 2015

 

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