El jueves pasado, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal recorrió la Unidad Penitenciaria N° 1 de la localidad de Lisandro Olmos, en el partido de La Plata, donde firmó convenios para la capacitación laboral para alrededor de 2.500 internos, de entre 18 y 21 años.

El mismo gobierno que recorre la cárcel de Olmos en campaña electoral, impulsa la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660 -que ya tiene media sanción en Diputados- la cual, en los hechos, implica empeorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. La reforma le da más poder al Servicio Penitenciario y elimina los derechos -mal llamados beneficios- de las salidas transitorias y las libertades condicionales, yendo en contra del supuesto fin resocializador de la cárcel, al impedir la salida gradual de las personas. Las categorías de delitos que no acceden a ellos actualmente son siete, y a partir de esta modificación pasarían a ser cincuenta.

Estos derechos, además, funcionan como un incentivo para terminar la escuela, trabajar, participar de actividades o “hacer conducta”. Con esta reforma, da lo mismo participar, trabajar y estudiar que no hacerlo. Por ende, se generan condiciones para una vida con más violencia en la cárcel.

La reforma no tiene en cuenta el estado actual de las cárceles y las pésimas condiciones de vida de quienes la habitan. Así, al aumentar el encarcelamiento se genera más sobrepoblación: por lo tanto, más hacinamiento, más enfermedades (que luego no son atendidas) más violencia, más muertes, y menos posibilidades de acceder a la salud, la educación y el trabajo; cuyo acceso ya es muy restringido en la cárcel de hoy. Entonces, quienes desconocen (u omiten) las realidades de las cárceles, las problemáticas graves y cotidianas que transitan quienes viven el encierro, son quienes están decidiendo sobre sus condiciones de detención, empeorándolas, y agravando cada vez más esos problemas.

Además, con la reforma se crearía un Registro Nacional de Beneficios u otras Medidas Procesales, una base de datos similar al Registro de Antecedentes,  lo cual limitaría las posibilidades de acceder a trabajo formal una vez que la persona sale en libertad. Este tipo de registros no cuentan con un control efectivo sobre cómo se utiliza y sólo sirven para que la condena sea de por vida, para arrastrar limitaciones luego de haber cumplido aquella con años de libertad.

Pero la cuestión no termina acá: el castigo es elástico, se extiende. Una vez que las personas salen en libertad, se encuentran con grandes dificultades para conseguir trabajo por los antecedentes penales.

Si bien es positivo que las personas puedan acceder a capacitaciones laborales dentro de la cárcel, es necesario encarar esta problemática complementando estas medidas con medidas pos penitenciarias, como la necesidad de tener un Patronato de liberados eficiente (la ayuda económica que se le brinda a las y los liberados es poca y suele tardar más de seis meses); de derogar el artículo 64 de la Ley de cooperativas, que impide que las personas con antecedentes puedan integrar el Consejo Administrativo; o el cumplimiento de la ley de cupo laboral para personas con antecedentes penales. Es necesario que el gobierno provincial se comprometa con la situación que padecen cientxs de compañerxs que año a año recuperan su libertad y padecen la estigmatización que, en muchas ocasiones, los lleva a caer detenidxs otra vez.

Acompañada por el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, la gobernadora visitó los pabellones en los que se dictan cursos de fabricación y de compostura de calzado, introducción a la mecánica y de reparación y mantenimiento de máquinas de coser, panadería, entre otras actividades con salida laboral.

Estas herramientas brindan una formación necesaria para el momento de salir en libertad. Sin embargo, son muy pocas las personas que en la práctica acceden a estas actividades. En las cárceles de mujeres en particular, el acceso a las capacitaciones laborales, a los cursos recreativos, al trabajo y a la educación son muy limitados y en muchas ocasiones incompatibles entre sí. Si bien el Ministerio de Justicia se comprometió a “facilitar los medios necesarios”, a veces basta con poner todas las actividades en el mismo horario para que las personas privadas de la libertad tengan que optar entre sus derechos.

La respuesta que tiene que dar el Gobierno debe ser integral, contemplando la complejidad del asunto, haciéndose cargo de las principales problemáticas que las personas atraviesan durante la cárcel y luego de ella. No basta con poner parches durante períodos electorales ni con impulsar medidas parciales: si el encarcelamiento masivo y selectivo sigue en aumento, si las reformas en las cárceles apuntan a empeorar las condiciones de detención y si el Estado continúa ausente cuando una persona sale en libertad, es claro que una problemática de esta complejidad amerita iniciativas políticas serias.

 

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