A casi dos años de haber asumido el gobierno de la Provincia, las políticas de seguridad y penitenciarias implementadas por el gobierno de María Eugenia Vidal contribuyeron a profundizar las problemáticas estructurales de las cárceles, comisarías, alcaldías y centros de menores de la Provincia de Buenos Aires. Como señala el XI Informe Anual de la Comisión Provincial de la Memoria, presentado hace poco menos de dos semanas en la ciudad de La Plata, en 2016 se alcanzó el récord histórico de población detenida en instituciones de encierro en la provincia.

A mediados de 2016, la gobernadora y el ministro de Justicia Gustavo Ferrari anunciaron la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), desplazando al jefe y el resto de la plana mayor. La medida fue acompañada por el anuncio de la realización de una auditoría externa, con el objetivo de revisar las designaciones de los jefes y directores de las unidades penales que comprenden el sistema penitenciario bonaerense. Este anuncio se combinó con un discurso oficial que se concentró en denunciar las pésimas condiciones de salud, educación, trabajo y sobrepoblación en las que se encontraban las cárceles de la Provincia, comprometiéndose a iniciar medidas tendientes a revertir esa situación.

En cuanto a las condiciones de las instituciones de encierro, durante la primera mitad de la gestión de Cambiemos encontramos una profundización de las problemáticas presentes en las cárceles, institutos y comisarías de la Provincia.

Sin embargo, la práctica real estuvo muy alejada del discurso oficial. En cuanto a las modificaciones hacia el interior del SPB, antes que una reforma que pusiera en tensión las estructuras de poder dentro del SPB, nos encontramos con sustituciones de jefes/as y directores/as de unidades por otros y otras que cumplen las mismas tareas desde hace años en otras unidades penales. De modo tal que fueron sustituciones que no significaron un avance sobre las redes de poder y connivencia dentro del SPB, sino que las mantuvieron de manera intacta.

En cuanto a las condiciones de las instituciones de encierro, durante la primera mitad de la gestión de Cambiemos encontramos una profundización de las problemáticas presentes en las cárceles, institutos y comisarías de la Provincia. En en el 2016, la Comisión Provincial por la Memoria registró un total de 34.600 personas detenidas. De ese total, más de 32 mil se encuentran detenidos/as en cárceles y alcaidías, 2 mil en comisarías y 600 en institutos de menores.

La ausencia de políticas penitenciarias que promuevan la reversión de esta tendencia hizo que el crecimiento de personas detenidas se tradujera en la superpoblación y el hacinamiento, que en diciembre de 2016 alcanzó el 71,4%.

Del total de personas que se encuentran detenidas, el 60% no tiene condena firme, lo que deja en evidencia el rol que juegan los distintos actores que son parte del sistema judicial en el aumento de las tasas de detención, optando prácticamente siempre por la prisionización como única alternativa a la hora de dictar una condena. Este número es aún mayor entre las mujeres, y asciende casi al 80% en el caso de las mujeres de origen extranjero, bajo el argumento de que pueden escapar de la justicia trasladándose a sus países de origen.

Dentro de un sistema penal donde la mitad de las personas detenidas lo está por períodos de entre tres y seis años -y con niveles alarmantes de superpoblación-, sólo el 3,7% se encuentra bajo la modalidad de monitoreo electrónico.

Quiénes habitan las cárceles de la Provincia

Durante el período de gestión del gobierno de Cambiemos se profundizaron también las tendencias perfiladas durante la última década en relación a los sectores sociales que habitan las instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, poco menos del 96% del total de personas detenidas son varones, siendo en su mayoría jóvenes. Más del 85% tiene entre 18 y 44 años, aunque la franja más joven, que va de los 18 a los 24, alcanza un 26,2% del total provincial, mientras que el total de mujeres detenidas no supera el 4,5%. A fines del año pasado, a su vez, se registró la presencia de 52 niños/as detenidos/as menores a los cuatro años. Del total de personas detenidas, sólo el 4,4% es de origen extranjero, en su mayoría provenientes de países limítrofes y Perú.

Existen niveles cada vez más altos de sobrepoblación; las cárceles y comisarías están habitadas por personas provenientes de los sectores populares, en su mayoría jóvenes y varones, con bajos niveles de educación formal y con altos niveles de desempleo o empleo informal.

En cuanto al origen socioeconómico, en 2016, poco más de la mitad se encontraba desempleada, y un 30% mantenía un empleo a tiempo parcial, mientras que sólo el 16% lo estaba a tiempo completo. A su vez, las estadísticas dan cuenta también de la existencia de trayectorias educativas fragmentarias previas al encarcelamiento entre las personas detenidas en la Provincia: poco más del 34% de las personas detenidas no terminaron la educación primaria, mientras que un 13% no lo hizo con la secundaria.

A poco menos de dos años de haber asumido el gobierno, nos encontramos con el desarrollo de una política en materia de seguridad y penitenciaria que acentuó los peores rasgos del sistema de encierro en la provincia. Existen niveles cada vez más altos de sobrepoblación; las cárceles y comisarías están habitadas por personas provenientes de los sectores populares, en su mayoría jóvenes y varones, con bajos niveles de educación formal y con altos niveles de desempleo o empleo informal.

La ausencia de políticas penitenciarias abordadas desde una perspectiva de género acentúa las condiciones de detención entre las mujeres y la población trans, quienes tienen especial dificultad a la hora de acceder a derechos básicos como la salud, el trabajo o la educación.

Para lograr revertir las tendencias en el sistema penitenciario, es necesario incluir la voz de las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que trabajan en las cárceles en conjunto con las personas detenidas y, sobre todo, es fundamental la generación de espacios de diálogo con las propias personas detenidas, las organizaciones de familiares y de ex detenidos/as, quienes a pesar de su protagonismo han sido históricamente ignoradas.

Santiago Lamboglia para Notas – Periodismo Popular

 

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