Por Tristán Basile
Las fuerzas de seguridad y el sistema penal se están acomodando a la etapa política que se abrió con la llegada de Macri a la presidencia. Cambios políticos y discursivos, nuevas directivas y viejas formas de accionar parecen derivar en una multiplicidad de situaciones violentas de agentes armados sobre ciudadanos de a pie. Hablamos con Juan Tapia, juez de Garantías de Mar del Plata, sobre las políticas hacia las fuerzas de seguridad que aplicará el nuevo gobierno y las posibles reacciones de los uniformados.
El 8 de enero de este año, en las puertas de la Municipalidad de La Plata, policías bonaerenses reprimieron con gases y balas de goma a trabajadores municipales que protestaban por los casi cinco mil despidos efectuados por Julio Garro, el nuevo intendente macrista de la capital provincial. Entre mujeres y hombres hubo 12 heridos, la mayoría con disparos en la espalda.
A su vez, el sábado 23 de enero, en un hecho que no trascendió en los medios de comunicación, un helicóptero de la Gendarmería aterrizó en medio de la villa Carlos Gardel, en Morón, para realizar allanamientos y perseguir a supuestos narcotraficantes frente a la sorpresa y el miedo de sus habitantes. Desde la declaración de emergencia en seguridad, el martes de esa misma semana, los gendarmes se habían instalado con más fuerza en el barrio realizando razias continuas y disparando al aire para dispersar cualquier agrupamiento de personas.
Poco después, el 31 de enero, un periodista captó con su celular cómo policías federales detuvieron en el barrio porteño de Flores a un grupo de 15 trabajadores que salían de una fábrica, les pidieron documentos y los cachearon contra una pared. “Estos son los que quedan de aquella época”, dijo el periodista en referencia a la última dictadura militar cuando uno de los policías se negó a identificarse frente a la cámara. “De la mejor”, le respondió el agente.
Estas tres situaciones y otras tantas hablan de la nueva etapa que se abrió en el país. Si bien es cierto que muchas acciones violentas de las fuerzas policiales son la continuidad de lo que se vivió durante la década kirchnerista, no podemos obviar los cambios que vendrán en el rol que el gobierno pretende otorgar a las fuerzas de seguridad nacionales en cuestiones como el delito, la regulación del conflicto social o el control de distintos territorios. En la misma dirección, jueces y fiscales con responsabilidades centrales sobre el sistema penal acomodan sus prácticas para hacerlas coincidir con el espíritu reinante.
La opinión del juez Tapia
En este marco, Macri decretó la emergencia en seguridad en todo el territorio nacional y puso su ejecución en manos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Hablamos con Juan Tapia, juez de Garantías de Mar del Plata, que cuestionó fuertemente esta medida: “la invocación a la emergencia es una carta abierta para un sinnúmero de medidas represivas, discrecionales y en muchos casos arbitrarias.” “Incluir en un decreto una referencia genérica a una situación de emergencia no solamente carece de una adecuada fundamentación al no explicar de qué se trata esa emergencia, sino que recurre a un lenguaje que aquellos que nos aproximamos al sistema penal sabemos que es el que permite sortear los derechos individuales y las garantías constitucionales”, agregó. Y especificó que “me refiero a requisas, cacheos e identificación en espacios públicos o a rodear barrios populares con cuerpos policiales reforzados, con los problemas de violencia y corrupción que eso conlleva”. “Un caso reciente y emblemático fue la represión a una murga en la Ciudad de Buenos Aires, con un uso indiscriminado y criminal de las fuerzas policiales”, concluyó.
Las nuevas directivas políticas y de los altos mandos de las fuerzas buscan hacer visibles sus acciones para parecer efectivos frente a distintos conflictos sociales, mientras los policías rasos interpretan que están liberados de trabas que consideraban injustas en su accionar cotidiano.
Al respecto, Tapia afirmó que “es un hecho de la realidad que el aparato policial responde a las directivas y los lineamientos de la conducción política: si hay una vía libre, una carta blanca para actuar de determinada forma, la fuerza policial va a responder; y la conducción no es sólo las autoridades políticas de los ministerios de Seguridad, sino que también hay responsabilidades emergentes del Poder Judicial, con su control sobre las acciones o con la ausencia del mismo.” El juez de Garantías ejemplifica esto con un caso emblemático: “el fallo de fines de 2015 dictado por el máximo tribunal de justicia de la CABA, que habilita a la policía a demorar en la vía pública a cualquier ciudadano para averiguar su identidad, es un gran retroceso”. Su conclusión es clara y conocida “sabemos que lo hace selectivamente, porque seguramente quienes padezcan esas experiencias de retención o privación de la libertad sean aquellos que tienen menos posibilidades de contestar, denunciar y en definitiva contrarrestar esas acciones restrictivas de derechos”.
El aparato represivo del Estado en su conjunto asume nuevas funciones, refuerza otras que estaban latentes y profundiza las que venía realizando.
“No se va más allá de medidas demagógicas que son ineficaces para atacar la circularidad del delito y la organización de cadenas delictivas: se termina cayendo selectivamente sobre actores marginales que cometen los hechos más torpes y más visibles de ese circuito criminal”, grafica Tapia.
“Uno advierte que no hay una política a mediano o a largo plazo orientada a desarticular esas redes de ilegalidad, sino más bien medidas efectistas antes que efectivas, que van de la mano de un discurso bélico que viene a decirnos que el eventual autor de un delito es un enemigo”, detalla. “Y si es un enemigo, hay que abatirlo; así, la violencia se reproduce de la mano del Estado, por eso este discurso de emergencia, tiene como mayor expresión discursiva la demagogia punitiva”, concluye el juez.
Publicado en Cambio – publicación quincenal de la izquierda popular

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