Brunela Germán y Malena García.

En el día de ayer, el Gobierno Nacional decretó la Emergencia en Seguridad Pública durante un año, con el objetivo de »revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico». Entre otros puntos, el decreto contempla la posibilidad de obligar a aterrizar o derribar aviones no autorizados.
Con discursos alarmistas y atemorizantes, se toman medidas regresivas que avanzan sobre las garantías que las personas tenemos y que el Estado debe garantizar. La manera de actuar es instalando el miedo: en primer lugar, nos vienen anunciando que el narcotráfico es uno de los mayores flagelos de la sociedad argentina pero nunca nos brindan datos concretos que demuestren que esto realmente es así. En segundo lugar, se muestra al narcotráfico como un enemigo de todas y todos: ¿quién se opondría a combatir los delitos complejos?, esto genera un amplio consenso social. Por último, a partir del miedo y de un enemigo, que puede ser tanto interno como externo, se avanza sobre las instituciones y reglamentaciones que aseguran la democracia con el argumento de que ante tal estado de emergencia es primordial “la seguridad”, cueste lo que cueste. De esta forma obtienen la vía libre para manipular presupuestos y recursos públicos.
Es claro que creemos importante enfrentar el narcotráfico y los delitos complejos, especialmente la trata de personas, pero las medidas que habilita la nueva Emergencia declarada no son las soluciones. Su eficiencia no está demostrada, las fuerzas de seguridad no están especializadas ni se apunta a su especialización; no se contempla la ya conocida participación de estas fuerzas en las mismas redes delictivas que se pretenden combatir, y tampoco se piensan en reformas estructurales ni medidas alternativas a la militarización (como puede ser la legalización del consumo de marihuana). Además, son implementadas sin discusiones previas con la sociedad y sin tener en cuenta los reclamos de la población. Mientras miles de personas llenan las plazas reclamando estabilidad laboral, el pago de sueldos adeudados y denunciando los despidos masivos, el Gobierno utiliza los fondos del Estado para comprar armas y dispositivos tecnológicos para las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería.
Nuevamente somos presas del paradigma de la “emergencia”: lo que esta palabra nos indica es que hay que hacer algo ¡pero ya!, por eso es importante que nos detengamos a pensar. El gobierno actual sólo declaró como urgente asuntos que permiten reforzar el poder punitivo del Estado, lo que permite un mayor control de la población. ¿Y la salud pública no se encuentra en emergencia? ¿Cuántas personas mueren por falta de atenciones básicas? La manipulación de “las emergencias” abre el paso a dejarnos sin amparo antes los abusos a los que nos tienen acostumbradxs las Fuerzas Armadas y la policía. Pero nada de esto es novedoso ni propio, otra vez tomamos nota de las políticas estadounidenses y su “lucha contra el terrorismo” que no hizo más que justificar guerras y habilitar a la intromisión en cualquier aspecto de la vida privada de sus ciudadanxs.
Hoy, ante este nuevo decreto nos encontramos con distintas implementaciones: se flexibilizan los controles y exigencias tanto para el accionar de las fuerzas de seguridad como para los destinos presupuestarios, que al mismo tiempo se ampliaron para este sector. Respecto al personal, se flexibiliza su movimiento y se convoca a personal retirado para la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. Esto último va en detrimento de la renovación de las fuerzas de seguridad, colaborando a continuar con las viejas prácticas. A pesar de otras modificaciones, nos interesa subrayar la posibilidad de que las FF.AA derriben naves no autorizadas que se encuentren en el espacio aéreo argentino.
¿Por qué remarcamos la medida que habilita el derribo de aeronaves? Porque ataca directamente a la vida. Ante todo, lo primero que debe hacer un Estado es proteger la vida y no promover la muerte. El derribo de aeronaves no autorizadas implica la muerte casi segura de quienes estén en ellas, por ende se trata de atentar contra personas de las que se ignora si son inocentes de cometer un delito, y aunque sean culpables la respuesta sería su muerte. Esto no solamente no coincide con derechos avalados por nuestra Constitución, donde las personas deben tener un juicio que las encuentre culpables de un delito, además de tener derecho a la vida una vez que el delito es probado; sino que justifica y permite que se consoliden prácticas de la Policía y las Fuerzas Armadas, que en muchas ocasiones matan primero e investigan después.
El pretexto de emergencia y lucha contra el narcotráfico allana el terreno para la militarización del país, tanto en las fronteras como en su interior. Así, se legitima el avance de la Gendarmería en los barrios y se satura de policías el espacio público -aumentando los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad- mientras se recortan programas sociales y presupuesto destinado a la educación y salud pública. Si bien no puede negarse la existencia de esta problemática en los barrios, hay que resaltar que no podría existir sin la connivencia policial y estatal, y que también existe en amplios sectores de la sociedad que sin embargo no son estigmatizados. El Estado se hace presente en los barrios con armas y políticas punitivas en lugar de intervenir antes para que nuestros pibes y pibas tengan una vida digna con alternativas a la venta y consumo de drogas. Al mismo tiempo, las emergencias en  relación a la seguridad se complementan con otras medidas antipopulares como la criminalización de la protesta, un derecho legítimo del pueblo para hacer sus reclamos, nunca tomados por el Gobierno como una emergencia.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo seguiremos diciendo: no necesitamos más policía, necesitamos políticas para la vida. Quienes estamos comprometidxs con la construcción de un país más justo, debemos encontrarnos en las calles exigiendo políticas serias a mediano y largo plazo para acceder a vivienda, educación y salud dignas y para vivir libres de todo tipo de violencias.

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