Por Malena Garcia

Esa fue la pregunta que empezó a rondar por distintos medios de comunicación a partir del fallo. El martes, la Cámara Federal de Casación Penal sentenció que el trabajo que realizan las personas privadas de su libertad se equipare al trabajo que realiza una persona por fuera de la cárcel. Basándose en el principio constitucional de ‘‘igual remuneración por igual tarea’’, se incluyen además obra social, cobertura frente a accidentes, asignaciones familiares, agremiación y capacitación laboral.

A partir del reclamo de presos de la Unidad 1 de Ezeiza por descuentos salariales e irregularidades, la Justicia se vio obligada a discutir sobre la desigualdad en las condiciones de trabajo.

Si miramos el panorama actual, vemos que el 59% de las personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no acceden a ningún trabajo pago. Del porcentaje que sí trabaja, sólo un 19% tiene la posibilidad de trabajar 40 horas por semana. Para el resto no existe el trabajo calificado y contemplado por el Estado: les quedan los trabajos sin pago, menor cantidad de horas, y la sumisión a las arbitrariedades del SPF, en donde los trabajos de menor rango (como el mantenimiento de la Unidad en general), son remunerados con un peso o menos por día. Ese sueldo –si es que puede llamarse así– no es entregado diaria o mensualmente sino una vez en libertad o por medio de familiares. El trabajo, como tantas otras cuestiones, no está visto como un derecho, sino como un beneficio.

Sin embargo, la repercusión del fallo obtuvo los mismos ecos de siempre: que no era justo para aquellxs trabajadorxs con ‘‘dignidad’’, que ahora les pagan por estar en prisión, que es peligroso que tengan la posibilidad de organizarse y reclamar. Ninguno de los discursos que resuenan constantemente tiene en cuenta qué condiciones sociales llevan a que una persona esté ahí adentro en lugar de estar trabajando en libertad, o por lo menos, en qué condiciones se vive en las cárceles.

Mientras los programas de televisión de C5N y TN se preguntan si las personas presas merecen tener los mismos derechos que lxs trabajadorxs en libertad, se hace necesario remarcar que cuando una persona comete un delito y va a la cárcel, lo que pierde es su derecho a la libertad ambulatoria, no los demás. No se pierde el derecho a acceder a la educación y al trabajo, ni a una salud integral, ni a tener contacto con familiares.

Cuando hablamos de trabajo, hablamos de un derecho humano, fundamental para que una persona pueda planificar su vida y tener autonomía. Y la ecuación cierra por sí misma: si una persona trabaja, merece que se pague por ese trabajo, tener reconocimiento y protección. De lo contrario, dejamos de hablar de trabajo para empezar a meternos en el terreno de la esclavitud.

Este fallo no va a llevar a la supuesta ‘‘resocialización’’ que proponen quienes lo impulsaron, ya que el encierro y la deshumanización no son la respuesta para una sociedad mejor. De hecho, este fallo no implica una mejora del trabajo en cárceles, ni que el trabajo deje de ser precario, no calificado, ni que deje de estar plagado de irregularidades ni robos por parte del SPF. No implica que deje de ser beneficio de unxs pocxs, o que realmente sirva para el momento de salir a la calle. Sino que es apenas el reconocimiento, de una vez por todas, de uno de los tantos derechos que la cárcel anula y silencia.

Deja un comentario