Por Agustina R.

Reina Maraz, mujer inmigrante boliviana y pobre, fue condenada este martes 28 de Octubre a cadena perpetua. Una historia de violencias constantes y encarcelamiento selectivo que continúa silenciada, sin traducciones.

Haciendo memoria

En Mayo del 2014 se hizo público el caso de Reina Maraz, una mujer quechua, inmigrante boliviana y pobre, que no hablaba castellano y sufría violencia por parte de su marido y su familia política. Por aquel entonces definíamos violencia de género y asegurábamos que las múltiples opresiones sufridas por Reina a lo largo de su vida eran claro ejemplo de la cotidianidad que viven muchas mujeres puertas adentro de su hogar y, por qué no decirlo, tras los muros de las cárceles bonaerenses.

El 21 de Octubre del mismo año se anunció el comienzo del juicio que investigaba a Reina por el asesinato de su marido, Limber Santos. El 28 de Octubre, se anunciaba su culpabilidad. Una semana, tan sólo 7 días le llevó a la justicia declarar culpable a Reina Maraz y condenarla a cadena perpetua por asesinato. Casi 4 años, aproximadamente 720 días, le llevo a Reina contar su historia y ser escuchada, o al menos, eso creería.

Sentada frente a la jueza Silvia Etchemendi, acompañada por Marcela Alejandra Vissio y Florencia Butiérrez, Reina logró contar su historia gracias al asesoramiento y acompañamiento realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, quien se aseguró de conseguirle una intérprete quechua.

Entre pausas para permitir que se traduzcan sus palabras, la inmigrante acusada relato cómo su marido Limber la obligó a venir a vivir a Argentina con la amenaza de llevarse a sus dos hijos con él. Cómo llego a golpearla hasta por 8 horas seguidas bajo los efectos del alcohol y cómo entregó a Reina, su cuerpo y su libertad, para pagar una deuda con su vecino Tito Vilca Ortiz.

Una historia en quechua

La última vez que Reina vio a su marido, eran las 4:00 am y se encontraba organizando una entrega de dinero que se suponía serviría para saldar una deuda con su hermana. Sin embargo, la interrupción del compañero de deudas y violencias, Tito Vilca Ortiz, provocó discusiones respecto al dinero y su dueño. Reina fue encerrada en el baño y desde allí, oyó a los hombres discutir al respecto. Finalmente se fueron, y su marido no regresó.

Según el fiscal Fernando Celesia, Reina se unió a su violador en un complot para robarle dinero a Limber, asesinarlo y enterrarlo. Luego, planearon el modo en que Reina iría a denunciar la desaparición de su marido, hablando perfecto castellano en la comisaria –castellano que olvidaría al minuto de salir de allí.

Lxs testigos citadxs por el fiscal representan los discursos creíbles y válidos para la Justicia: la familia de Limber (padre, hermana y tía) –quienes, recordemos, también fueron señaladxs no sólo como cómplices sino como ejecutorxs de violencia sobre Reina– y el comisario que estuvo ese día, quien declaró que Reina y Tito fueron juntxs y hablaban perfecto castellano.

Para cuando un testigo civil y la administradora del lugar declararon que Reina sólo dijo “hola” y “chau” en castellano, hablando en quechua el resto del tiempo, la Justicia ya había tomado su decisión. Desafortunadamente para la acusada, el testimonio del vicecónsul de Bolivia donde se aseguraba que Tito Vilca Ortiz había confesado el crimen antes de morir, tampoco sirvió para convencer al fiscal y la jueza sobre lo que había pasado esa madrugada.

Frente al fallo que la encontró culpable en una causa que incorporaba “robo agravado por convicción en despoblado y en banda” y “homicidio agravado por estar premeditado” sumado al “uso de arma impropia” por utilizar un toallón “a modo de porra”, el fiscal Fernando Celesia pidió perpetua para la mujer quechua. Y así fue.

Pero no digamos que la Justicia es siempre igual: esta vez, al menos, alguien estaba ahí para explicarle el por qué de las esposas.

Será justicia… o no

La Justicia que hace poco más de una semana nos devolvía a Luciano Arruga sin vida y decía que había muerto en un accidente de tránsito; justicia que avala al gobierno de Buenos Aires cuando decide –sin dar explicaciones– cerrar el centro de atención a víctimas de violencia sexual; esa misma Justicia, evaluó que no habían sido suficiente los 7 meses detenida en una comisaria más los años sobreviviendo en la Unidad N°33 de Los Hornos, sin olvidar este último año bajo prisión domiciliaria. Reina merecía un poco más, aún no había entendido qué lugar le corresponde a ella, mujer pobre boliviana, en nuestra sociedad tan llena de derechos humanos.

Y quizás Reina hubiese podido ir a una comisaría a denunciar si éstas no estuvieran tan ocupadas en desaparecer a nuestrxs pibxs que gustan de usar gorra y no robar para la policía; quizás Reina hubiera deseado denunciar a sus violadores en el centro de atención de víctimas de violencia sexual si éstos tuvieran sus puertas abiertas. Y quizás… pero a Reina le tocó en suerte, hoy y por siempre, conocer otra de las tantas caras que viste nuestro sistema judicial: la cárcel de mujeres.

Una semana tuvo Reina Maraz para decir su verdad. Una semana para descubrir que a la justicia hay verdades que no le importan. Hoy, las palabras de Vanesa Orieta hablando de “violencia institucional” resuenan fuertes, se hacen carne en Reina, y duelen.

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