Por Claudia Cesaroni**
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Crímenes contra presos «comunes» ayer y hoy. La masacre del Pabellón Séptimo y la necesidad de asumir de una vez por todas que, como cantó el Indio, todo preso es político.

El 14 de Marzo de 1978 murieron quemadas, asfixiadas, golpeadas y/o con balazos en la cabeza al menos 64 personas en el Pabellón Séptimo de la cárcel federal de Devoto.

El mismo día aparecieron los cadáveres de varios jóvenes que habían estado secuestrados en el campo de concentración “El Vesubio”, un predio también perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la Autopista Richieri y Camino de Cintura. Antes de morir sufrieron malos tratos y torturas ejecutados por guardias penitenciarios.

Lo que en el Pabellón Séptimo se inició como una protesta frente a una feroz represión, y culminó con la
muerte de personas desarmadas, desesperadas y humeantes se llamó “Motín de los colchones”. La causa judicial viajó entre la Justicia Federal y la ordinaria y, finalmente, el 30 de julio de 1979 el entonces Juez de Instrucción Jorge Valerga Aráoz decretó un “sobreseimiento provisorio” que la desidia, la falta de interés y el tiempo transformaron en definitivo.

Los responsables militares y penitenciarios de los secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos sucedidos en El Vesubio fueron juzgados por la Justicia Federal y condenados en julio de 2011 a altas penas de prisión.

Es posible que algunos de los guardias penitenciarios que prestaban servicios en El Vesubio también lo hicieran en Devoto, o en cualquier otra cárcel “legal”. Lo que hacían en uno y otro espacio era lo mismo. Sin embargo, las torturas y asesinatos cometidos a los presos comunes durante la dictadura, incluyendo la masacre del 14 de marzo de 1978, quedaron impunes.

Ningún guardia penitenciario de los que mantuvieron las puertas cerradas mientras los presos gritaban desesperados; ninguno de los que disparó desde las torretas a quienes se treparon a las ventanas buscando un poco de aire puro; ninguno de los que golpeó a los sobrevivientes mientras los llevaban a las celdas de castigo, cumplió un sólo día de detención: los únicos imputados de esa masacre fueron los propios presos sobrevivientes, como suele pasar en la mayoría de los mal llamados “motines”. Elías Neuman, que era el abogado de uno de ellos, escribió en 1985 un libro valiente e imprescindible: “Crónica de muertes silenciadas”. En 1987, Daniel Barberis, que estaba preso en Devoto ese 14 de marzo, pero en otro pabellón, escribió también sobre aquel día, en un libro que se llamó “Los derechos humanos en el otro país”. Ambos relataron hechos que, en sustancia, son los mismos que sufrieron durante la dictadura miles de presos/as políticos/as y desaparecidos/as en cárceles y centros clandestinos de detención, y por los que se están realizando los juicios de lesa humanidad.

La única diferencia, lo único que distingue a aquellos 64 muertos asfixiados, quemados, golpeados y baleados, es que eran presos “comunes”. Estaban en ese pabellón por cometer pequeños delitos, mínimas incivilidades, o por violar la ley de estupefacientes. El Indio Solari escribió la canción “Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)”, sobre la base del relato del libro de Elías Neuman, en homenaje, y «Toxi-Taxi», en recuerdo a su amigo Luis María Canosa, uno de los 64 muertos.

Las presas políticas que estaban en un pabellón cercano al Séptimo vieron el humo, escucharon los gritos, olieron durante días y meses el espantoso olor de la carne quemada. Temieron por su vida, pero esa vez no fueron por ellas. Esa vez, ese 14 de marzo de 1978, a dos meses del Mundial, los penitenciarios sólo mataron presos comunes. Así lo afirmó el ministro de Justicia de la dictadura, al día siguiente de la masacre, para tranquilizar a las buenas conciencias: «Sólo murieron presos comunes». Y por eso no se llamó a ese hecho delito de lesa humanidad, no se buscó a los responsables, no se los juzgó. Por eso no había hasta hace poco más de un año ni una placa que recordara que en esa cárcel se ejecutó el terrorismo de Estado en una de sus máximas expresiones.

Algunos pensamos que sí fue un delito de lesa humanidad, y que es necesario reabrir esa causa, buscar a los responsables, juzgarlos y condenarlos, y recordar a las víctimas. Creemos que hay que hacerlo para que se pueda revisar un aspecto del terrorismo de Estado que se ejecutó sobre toda una población -los llamados presos comunes-, que hasta el momento no ha sido analizado. Y, también porque hoy, en el presente, los sufrimientos y torturas que se ejecutan sobre las personas privadas de libertad tampoco parecen importar demasiado, salvo para las víctimas, sus familiares y algunas pocas organizaciones sociales y de derechos humanos. ¿Cómo se entiende sino que no exista a nivel del Poder Ejecutivo Nacional ni de la provincia de Buenos Aires ni una sola dependencia que se ocupe del tema, ni un solo programa de prevención de la tortura, ni un teléfono que reciba las denuncias? ¿Cómo es posible que, después de 10 diez años de ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura -en noviembre de 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner-, y a un año de sancionada la ley que crea el Sistema Nacional de Prevención de la tortura, todavía no se haya reglamentado?

Es necesario construir un puente entre las violaciones de derechos humanos del pasado y las del presente. Porque no es lo mismo, por supuesto, una dictadura feroz que una democracia imperfecta. Pero es preciso entender, de una vez, que el dolor de la carne lacerada es el mismo, y las obligaciones públicas para con las personas que el Estado decide encerrar, también.

*Publicada en la revista Atrapamuros #5.
**Claudia Cesaroni es abogada, criminóloga e investigadora. Dirige el equipo de investigación «Masacre en el Pabellón Séptimo» y es autora del libro del mismo nombre, de «La vida como castigo. Los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina» y de «El dolor como política de tratamiento. El caso de los jóvenes adultos presos en cárceles Federales».

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