Por  Clara P.C., Ines G., Juan E. L.
No es casualidad, como tantas cosas no lo son, que tengamos más presentes las condiciones de las cárceles en la provincia de Buenos Aires que las del resto del país. Por un lado, porque en Atrapamuros son las que más conocemos debido al trabajo que realizamos, pero por el otro, por la casi nula visibilidad que se le da a la realidad de las unidades penales del interior de nuestro país. Partiendo de este hecho nos resultó llamativa la publicación de al menos seis notas a lo largo de sólo un mes sobre distintos casos de violencia institucional que se extienden a ciudades por fuera del territorio bonaerense. Los diferentes artículos tienen en común el hincapié en los accionares represivos hacia lxs detenidxs y reflejan las grandes similitudes que existen las prácticas que se desarrollan en todas las cárceles del territorio nacional.
Tanto en la provincia de Buenos Aires como en las demás provincias del interior del país se incumplen constantemente los derechos que deberían garantizarse. Diferentes situaciones cotidianas que llevan a generar pésimas condiciones de vida para quienes se encuentran detenidxs, obligan a lxs presxs a reclamar por aquello que les corresponde utilizando herramientas alternativas y a veces extremas, frente a un gobierno y unas instituciones que no garantizan condiciones mínimas de dignidad.
La reciente huelga de hambre que tuvo lugar en la Unidad 1 de Corrientes, con una duración de 14 días, es un claro ejemplo de la utilización de dichos recursos. En este caso, la huelga de hambre se realizó en reclamo de la falta de celeridad judicial y la denegación de ciertos beneficios judiciales que les deberían ser otorgados en relación a la situación de sus causas. Más allá de la trascendencia nacional de esta noticia, no es un caso aislado la utilización de estas prácticas por parte de lxs presxs para intentar visibilizar las problemáticas que lxs aquejan, ni la extensión de las mismas sin ningún tipo de respuesta estatal.

Estos episodios, como también los motines, o incluso situaciones menos organizadas como la quema de un colchón dentro de una celda por parte de un par de internxs, llevan a una respuesta por parte del servicio penitenciario que varía en relación al alcance público que logre cada medida. En caso de lograr una visibilización más allá del perímetro de la unidad, se pueden llegar a concretar avances en sus reclamos; de lo contrario, si no logran una gran repercusión mediática, suelen ser reprimidas, independientemente del número de internos involucradxs. Un mecanismo suelen ser los traslados (ya sea de pabellón o de unidad) que implican la necesidad de una nuevo proceso de adaptación y el posible alejamiento del detenido o detenida de su familia. También se dan prácticas como los encierros por varias semanas en los buzones de castigo (celdas pequeñas y sin luz), o bien pueden derivar lisa y llanamente en torturas a la vieja usanza. Por ejemplo, en el penal de San Martín, provincia de Córdoba, hace pocas semanas, a raíz de una inspección judicial se encontraron diversos elementos de tortura que eran utilizados para ejercer castigos físicos a los internos.

Alrededor de estas prácticas no se puede dejar de nombrar la responsabilidad política e institucional que las enmarca y atraviesa. No solamente en el período de duración de las protesta, sino también antes y después de las mismas. Vemos por un lado a un Estado casi por completo ausente a la hora de promover garantías y hacer efectivos derechos, y que sí se hace presente a la hora de responder punitivamente castigando a personas vulneradas. Una vez al interior de la cárcel, no sólo se anula el derecho a la libertad ambulante sino que muchos otros derechos son transformados en beneficios: se crea una lógica institucional de “premio-castigo” que muy lejos está de funcionar como forma de reducir la vulnerabilidad y exclusión social.

Con las protestas y la falta de atención a las mismas, queda demostrada la falta de interés, pero además se ponen en riesgo la salud de lxs detenidxs. Una vez finalizadas, muy pocas cosas cambian, se otorgan soluciones parciales, momentáneas, sin ningún cambio estructural, alimentando y reproduciendo futuras acciones de reclamo. La invisibilización de esta situación, que resulta aún mayor en el interior del país, se ve reforzada por la impunidad en las prácticas, no sólo las ejercidas por agentes penitenciarios, sino por los propios gobiernos que si no las avalan, las ocultan, existiendo en muchos casos complicidad entre las fuerzas de seguridad y los gobiernos provinciales y/o nacional.

Podemos notar que esta situación se extiende también por fuera de los muros de las cárceles. Vemos cotidianamente los ataques hacia las clases marginales por mera “portación de rostro” o por ser, dentro del imaginario de la población y más peligrosamente aún, de las fuerzas de seguridad, “personas peligrosas”. La criminalización de la pobreza y la prácticamente total impunidad para reprimir, perseguir y hasta matar a sectores más vulnerados se extiende, no casualmente, desde el afuera al interior de las cárceles.

Las lógicas se reproducen y las complicidades las disimulan con mayor facilidad aún en el interior del país. Es por ello que no queremos dejar de hacer mención a estos hechos, que si bien ahora se presentan en varios artículos periodísticos en un breve lapso de tiempo, no dejan de ser hechos cotidianos que fácilmente son tapados.

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