Semanas atrás nos escribieron del diario Tiempo Argentino para pedirnos que le contemos nuestra experiencia como colectivo de educación popular en las cárceles. Con la idea de aprovechar la oportunidad para mostrar nuestro trabajo y la realidad que vemos, accedimos. Pero cuando la nota salió publicada, no sólo nos encontramos con que estaba “medio lavada”, sino que la información que brinda no se corresponde en absoluto con lo que vivimos día a día en los penales. Quizá nos estemos apurando, y en realidad lo que compartimos con el diario va a ser usado para una nota posterior. O quizá se encontraron con demasiados datos que no se correspondían con su opinión, y optaron por desconocer este punto de vista. Puede ser también que nuestra visión haya sido demasiado crítica, al punto de no ver las mejoras que impulsa el Estado. En cualquier caso, como no es la primera vez que algo así nos pasa, como creemos que la realidad de la cárcel no puede cambiar si no se muestra a la sociedad lo que pasa allá adentro para que ésta asuma su responsabilidad, y como creemos que día a día los hechos dicen que no se tiene en cuenta que lxs presxs son personas con igualdad de derechos, nos tomamos la libertad de escribir una réplica.

Comenzaremos por poner en tensión ciertas afirmaciones. Para ello retomamos a nuestra cuarta revista que se organiza alrededor del tema en discusión, “la educación en las cárceles”[1]. La nota comienza diciendo que 40 mil presos estudian, dejando de lado la crítica que se puede hacer al número espeluznante de detenidos y detenidas que tenemos en el país (alrededor de 60.000), es altamente cuestionable este dato. Lxs compañerxs del GESEC nos dicen que “Según datos del propio Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Provincia de Buenos Aires, sólo el 30% de las personas privadas de su libertad ambulatoria dentro de establecimientos penales[2] acceden a la educación formal de nivel primario o secundario. La matrícula registrada durante el segundo cuatrimestre de 2012, señala que la inscripción en la escuela primaria es de 5555 y la secundaria, de 5367. Si bien estas cifras son celebras por la institución penitenciaria, desde la perspectiva del GESEC[3], que entiende a la educación como un derecho humano inherente a toda persona, estos datos evidencian la vulneración de un derecho para el 70% restante que no accede a propuestas de educación formal en esos niveles, y que debiera estar garantizado por el estado.” Si bien estos datos son para el Servicio Penitenciario Bonaerense, no hay que estar especializadx en el tema para saber la precariedad de las instituciones de encierro federales.

Otro de los datos para “alegrarse” es la cantidad de estudiantes privados y privadas de su libertad que acceden a ofertas educativas. En primer lugar no es lo mismo acceder a una oferta que acceder a la educación, pero además habría que detenerse en considerar lo que es realmente para una persona estudiar en las cárceles. La educación es uno de los tantos derechos violados en el encierro. Es ejercida por parte del SP como un privilegio al que sólo una pequeña parte del total de la población accede, según un sistema de premios y castigos. Las implicancias de esto son claras: no hacés un favor al personal, no vas a la escuela; reclamás por la visita, si tenés visita, no tenés pase para el colegio; no tenés conducta (puntaje armado arbitrariamente por el personal del servicio), no podés ir; exigís comida, un médico, hablar con tu abogadx o denuncias una golpiza, permiso denegado. Son éstas algunas de las variables que van haciendo de filtro en la puerta de la escuela, permitiendo que sólo quienes reúnen ciertas características puedan pasar.

Daniel de la unidad 1 nos cuenta que: “Cierran las puertas a la educación y tienen menos educación que aquellos privadxs de su libertad. Prefieren tomar mate antes que hacer funcionar el sistema educativo (como tiene que funcionar), no te quieren sacar al colegio a estudiar, o te sacan tarde, y ya perdiste una hora de clase. Yo como estudiante universitario he comprobado los obstáculos que pone el Servicio Penitenciario cuando queremos rendir alguna materia en la Universidad, ya que por más que tengamos la autorización del juzgado, ellos ponen la excusa de que no disponen de vehículos para llevarnos. Lo cual está planeado adrede para desmoralizarnos, para que así abandonemos los estudios y con ellos la posibilidad de ser mejores personas y útiles para la sociedad”.

Nos interesa también dejar en claro que la Universidad lejos está de interesarse por sus alumnxs privadxs de la libertad. No existen marcos formales realmente confiables y estables que unan a la Universidad con la educación en los penales. Aquí es importante recalcar que nos centramos en la Universidad de La Plata, no es que del resto del país no nos hayan contado experiencias similares sino que nos dedicamos a hablar del terreno que pisamos. Lo que existe son convenios precarios en ciertas facultades, de ninguna manera la Universidad de La Plata desarrolla un plan integral para los presos y las presas. La mayoría de las veces lxs internxs tienen contacto con la vida universitaria por medio de los proyectos de extensión y voluntariado universitario con presupuestos muy precarios, si es que lo tienen.

Creemos que las cosas han ido cambiando, lxs presxs nos cuentan que las cárceles han mejorado desde los años noventa. También creemos que es posible la construcción de una educación liberadora en un espacio como la cárcel. Pero lo es no por dedicación estatal y benevolencia kirshnerista. Todo esto es resultado de procesos de lucha y resistencia de quienes día a día ponen en juego su cuerpo y su vida en el encierro. Es resultado también del esfuerzo de las organizaciones y de personas que de manera independiente deben arreglárselas para poder pasar a un espacio clausurado a quienes quieran entrar para transformarlos. La movida educativa que lleva a cabo el Estado en contextos de encierro no va en serio, es un problema serio. Un problema para el que no habrá solución sin voluntad política, sin desafiar a aquéllxs que se benefician a costa del sufrimiento de quienes hoy están privadxs de su libertad, y sobre todo, sin la lucha y el compromiso asumido por todxs.

Por último recomendamos la lectura de la revista número 4 Atrapamuros, en especial las siguientes notas tratan específicamente lo que tratamos de discutir con este diario:

«Cárceles: Una fuente de dinero para muchos…» por Manuel, compañero de la U1
«La educación es un derecho» por el grupo Gesec
«Un abuso de poder: la educación es cáceles desde el punto de vista del derecho» por Carolina L y Felipe B.
“Adentro no hay logros ni victorias, son todas actitudes de resistencia”, entrevista con Karina “La Galle” Germano.
«Algunas contradicciones» por Polín L.

[1] La revista puede leerse en nuestra página web: http://www.atrapamuros.org/
[2] Las alcaidías son parte del SPB pero no brindan educación.
[3] El Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles milita por la real garantía del derecho a la educación para todas las personas privadas de su libertad ambulatoria. www.gesec.com.ar

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