¿Cuándo fue que la niñez se volvió peligrosa? ¿Cuándo se empezó a responsabilizar a los niños, niñas, y adolescentes por problemas que trascienden a sus acciones? ¿De dónde salió la idea de encerrarlos? ¿Cuándo fue que permitimos que crezcan en el encierro, aisladxs de la sociedad, sin afecto, descuidadxs, maltratadxs? Estas preguntas y algunas otras me surgieron hace unos días. Anduve buscando una respuesta, y aparecieron barias alternativas.

Podría decirse que fue hace un par de años atrás, cuando desde diferentes partidos políticos empezaron a hablar de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Tanto desde el oficialismo, como en las diferentes gamas de la oposición, se relaciona la niñez directamente con el delito. Para quienes nos gobiernan, lxs niñxs son peligrosxs, delincuentes, y como tales, requieren un espacio alternativo en el cual puedan re-socializarse, recibir una educación adecuada, y que sea un espacio en el cual se garantice el cumplimiento de los derechos que a los niños y niñas les corresponden. Se afirma esto aun sabiendo que lejos de ser una alternativa a la vida que les espera a quienes hayan sido alcanzados por la pobreza y la indigencia, los institutos de menores son un lugar en el que se profundiza la marginación de lxs chicxs. Poco tienen que ver con las características que sobre ellos se establecen en las leyes, ya que quienes allí terminan, siguen siendo víctimas de lxs adultos, sufriendo violencia, hambre, viéndose privadxs de la educación y del sistema de salud.
Otra respuesta podría ser que fue desde que los medios de comunicación se empecinaron en poner de moda los delitos hechos por adolescentes. Presentando el mismo caso durante días, exagerándolo, poniendo a la niñez como algo de lo que tenemos que cuidarnos. Sin presentar los hechos de una manera que dé lugar a una reflexión profunda, que en búsqueda de una causa, quien observa se vaya más allá del hecho concreto en el que le presentan al niño o niña como delincuente, y lo/a vea como una víctima de la pobreza, de la violencia, de la discriminación y estigmatización social.
Puede responderse también que fue mucho tiempo atrás, en 1938, cuando se creó el primer tribunal de menores que preveía la ley Agote (10.903) en la provincia de Buenos Aires. Desde esa ley, el Estado tomaba la responsabilidad de garantizar los derechos de lxs niñxs que se encontraban en situación de peligro material o moral. La manera de hacerlo, fue la de derivar al/a la niñx al juez de menores (en lugar de dejarla a cargo del juez penal), una figura que no trabaja sobre las acciones de lxs chicxs, sino sobre su situación. Lo que el juez evalúa es si el niño o la niña tienen asegurados un hogar y una familia que sea garantía de sus derechos y necesidades; y en caso de no tenerlos, será derivado a un instituto. Si bien no se juzga al sujeto, las consecuencias resultan desventajosas. Porque naturalmente, quienes se encuentren en una situación semejante, serán lxs niñxs pertenecientes a los sectores más pobres. Desde este modelo, conocido como patronato, los mismo hechos en diferentes sectores de la sociedad tendrán diferentes consecuencias, si un hecho delictivo es cometido por un/a niñx o joven de una familia de clase alta, luego de la evaluación, volverá a su casa, mientras que si el/la niñx pertenece a una familia pobre, será enviado a un instituto. Además hay que tener en cuenta que el proceso no comienza con la ejecución de un delito, como ya se dijo, lo que se evalúa es la situación de la persona. Por lo que cualquiera que se encuentre en situaciones de riesgo, ya sea en la calle, en lugares no aptos, con mal aspecto, sin familiares cerca, sin acceso a la educación, sin compañía adecuada, etc., derivaría en un instituto. Teniendo esto en cuenta, puede verse que es un sistema fuertemente clasista, pensado para pobres. Un modo de actuar que lejos de dar solución a un problema de carácter social, actúa sobre una persona, profundizando su situación de vulnerabilidad y marginándola cada vez más.
Otra respuesta nos remontaría un poco más en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando el derecho no diferenciaba entre lxs niñxs, adolecentes, y adultos; y las penas para grandes y chicxs eran las mismas, siendo frecuentes las ejecuciones y castigos a niñxs de corta edad. Pero quizá no sea necesario alejarnos tanto, para así no hablar mucho de cosas de las que se sabe poco, y para no darle demasiada atención a los «cuándos», descuidando la realidad en la que nos encontramos.
En La actualidad, rige la ley 13.298, a través de la cual se busca garantizar la protección y promoción de los derechos de lxs niñxs. A pesar del avance que esta ley implicó, su alcance es limitado debido a la ausencia de acciones concretas que lleven al establecimiento de las instituciones y tareas que dicha ley establece. Es necesario trabajar para que se implementen las medidas que el nuevo sistema establece, porque de lo contrario, el patronato sigue en vigencia, funcionando encubierto por el nuevo modelo.
Aún hoy, a pesar de los avances en materia legal, lxs niñxs siguen siendo víctimas del funcionamiento de la sociedad. Y no de una sociedad cualquiera, sino de una que los señala, los margina, los culpabiliza y les teme. No alcanzara con la creación de leyes que se establezcan con el objeto de mejorar la situación. Tampoco con la implementación correcta de las mismas. Cuando eso se logre, aun abra voces pidiendo más mano dura, pidiendo que se encarcele a niñxs y adolescentes, pidiendo por una seguridad sectaria. Es necesario que también haya avances sobre las maneras en que la gente tiene de ver el mundo en la que está inmersa, para que no se diga que ese/a niñx ya no es tal, porqe un/a niñx que roba ya no es un/a niñx; para que esx niñx vuelva a recuperar su identidad como tal, y crezca en una sociedad verdaderamente inclusiva, una que eduque, cuide, y de afecto a sus niñxs.
                                                                                                                               Marino C.

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